La costa de Canelones enfrenta un incremento de denuncias por ocupaciones irregulares, conflictos sobre la titularidad de terrenos y presuntas maniobras de estafa inmobiliaria. Los casos incluyen predios cercados sin autorización, instalación de contenedores en propiedades ajenas y operaciones respaldadas por documentación cuya autenticidad es cuestionada.
Los registros de la Unidad de Control y Respuesta de la Intendencia de Canelones, a los que accedió El País, contabilizaron 375 actuaciones vinculadas a ocupaciones entre enero y agosto de 2026. De ese total, 327 correspondieron a espacios privados y 48 a espacios públicos. La cifra supera ampliamente las 168 actuaciones registradas durante todo 2025.
Por otra parte, investigaciones de la Policía identificaron alrededor de 40 hechos relacionados con usurpaciones, estafas y falsificación documental en Canelones y Maldonado desde 2023. En la Justicia existen unas 90 denuncias, considerando ambos departamentos.
Las autoridades departamentales señalan que no se han detectado ocupaciones masivas y que realizan denuncias cuando identifican situaciones sospechosas. Sin embargo, los testimonios de propietarios reflejan dificultades para proteger sus terrenos y resolver disputas de titularidad.
El fenómeno plantea desafíos para los controles municipales y los mecanismos judiciales de protección de la propiedad, especialmente en localidades balnearias donde muchos propietarios no residen de manera permanente.

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