La controversia por la sanción aplicada a la anestesista Inés Miralles sumó este jueves un nuevo capítulo. Jurídica de Presidencia concluyó que no existieron hechos nuevos que justificaran reducir de cinco a tres años la sanción impuesta a la profesional y consideró arbitraria la decisión adoptada por el Ministerio de Salud Pública.

El pronunciamiento contradice los argumentos defendidos por la ministra Cristina Lustemberg y aumenta la presión política sobre la cartera. En paralelo, el director de Jurídica del MSP presentó su renuncia, mientras la oposición impulsa una interpelación a la ministra para que explique el procedimiento y las decisiones adoptadas.
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