El presidente Yamandú Orsi resolvió restablecer los cinco años de inhabilitación profesional para la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culpable tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera.
La decisión revierte la resolución del Ministerio de Salud Pública que había reducido la sanción de cinco a tres años. El cambio había generado cuestionamientos políticos y reclamos de la familia de la médica fallecida.

La nueva resolución tomó en consideración elementos incorporados al expediente, entre ellos la sentencia penal dictada en diciembre de 2025 y los resultados de las pericias médicas.
El caso había provocado controversias dentro del ámbito sanitario y derivado en cuestionamientos parlamentarios a la actuación del Ministerio de Salud Pública.
La decisión presidencial restablece la sanción original.
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