La Operación Trazador sumó un nuevo capítulo político y judicial luego de que tres senadores del Partido Nacional por una presunta divulgación ilegítima de información vinculada a la investigación.
Los legisladores buscan que la Justicia determine si existieron filtraciones, cuál fue su origen y si funcionarios que tenían obligación de mantener reserva facilitaron documentación o información a terceros.

La denuncia pretende esclarecer las circunstancias en las que determinados materiales llegaron a conocimiento público y establecer eventuales responsabilidades. El planteo introduce una nueva discusión sobre el manejo de información reservada en investigaciones judiciales y policiales, así como sobre las garantías institucionales que deben regir estos procedimientos.
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