El entendimiento alcanzado entre Terminal Cuenca del Plata y sus trabajadores abre la puerta al cierre de un conflicto que se extendió durante meses. El acuerdo contempla una mejora en los jornales garantizados y compensaciones económicas, pero deja sobre la mesa una discusión más profunda: el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por la terminal y el impacto de un esquema de operación que concentra buena parte del movimiento de contenedores del Puerto de Montevideo.
Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el sindicato de sus trabajadores alcanzaron un principio de acuerdo que permite encaminar el cierre del prolongado conflicto laboral que durante meses afectó la operativa de la principal terminal especializada en contenedores del Puerto de Montevideo.
La nueva fórmula contempla que 197 trabajadores pasen de tener 20 a 21 jornales garantizados mensuales desde enero, además de una partida extraordinaria superior a los $30.000 y compensaciones para trabajadores de tres sectores operativos que realizaron tareas luego de vencido el convenio anterior. El acuerdo, que tendría una vigencia de cinco años, todavía debe ser formalizado y ratificado por los trabajadores.
Pero detrás del entendimiento salarial existe una discusión de mayor alcance para el sistema portuario uruguayo.
El conflicto también expuso las condiciones laborales
El reclamo sindical estuvo centrado, entre otros puntos, en la necesidad de reducir la incertidumbre asociada al sistema de jornales garantizados. TCP cuenta con distintos niveles de jornales asegurados para sus trabajadores y, de acuerdo con información publicada durante la negociación, 197 empleados tenían garantizados 20 jornales mensuales.
El sindicato planteó incrementar esos mínimos y avanzar hacia una estructura que otorgara mayor estabilidad a los trabajadores. La propuesta finalmente acordada establece 21 jornales para ese grupo desde enero.
En ese sentido, el principio de acuerdo no solamente representa una salida para la conflictividad inmediata, sino también una respuesta a un reclamo que durante meses estuvo vinculado con las condiciones de trabajo y la previsibilidad de los ingresos.
Inversiones: una discusión que sigue pendiente
El conflicto laboral también volvió a poner bajo la lupa otro asunto que trasciende a TCP y alcanza directamente al futuro del Puerto de Montevideo: el cumplimiento de las inversiones comprometidas para ampliar y modernizar la terminal.
El acuerdo alcanzado entre el Estado uruguayo y las compañías vinculadas a Katoen Natie en 2021 estuvo acompañado por un programa de inversiones para la ampliación y modernización de la terminal especializada de contenedores. El propio Decreto 114/021 recoge que las negociaciones entre el Estado y Katoen Natie tuvieron como objetivo impulsar ese proceso de inversiones.
Sin embargo, durante la actual negociación colectiva los trabajadores cuestionaron el ritmo de ejecución de las obras. Incluso, el sindicato planteó reducir de cinco a dos años la duración del convenio precisamente tomando en consideración el atraso de las obras previstas en la terminal, argumentando que la culminación de esos trabajos modificará las condiciones operativas y laborales de TCP.
El dato no es menor. Mientras los trabajadores son llamados a garantizar estabilidad y previsibilidad para la operativa, también existe una discusión pendiente sobre el cumplimiento efectivo de las inversiones que deberían acompañar el crecimiento de la actividad portuaria.
El problema excede a TCP
TCP es propiedad en un 80% de Katoen Natie y en un 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP). La empresa concentra una parte sustancial de la operativa de contenedores del Puerto de Montevideo y cuenta con una concesión extendida hasta 2081.
Esa posición dentro del sistema portuario vuelve particularmente relevante cualquier conflicto que afecte su funcionamiento.
Pero también genera una discusión estructural: ¿cómo puede Uruguay desarrollar plenamente su plataforma logística si una parte central de la actividad de contenedores permanece condicionada por un esquema de concentración operativa y por las restricciones derivadas de acuerdos anteriores?
La propia discusión jurídica sobre el marco regulatorio refleja la complejidad del asunto. En 2026, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló una cláusula del Decreto 114/021 que, según el análisis jurídico divulgado, aseguraba un monopolio para TCP, aunque mantuvo vigentes otros elementos del marco regulatorio.
A esto se suma que Neltume, accionista mayoritaria de Montecon, presentó al gobierno una propuesta para construir una segunda terminal especializada de contenedores con una inversión anunciada de US$900 millones, iniciativa a la que Katoen Natie se opone por considerar que contradice el acuerdo alcanzado con el Estado en 2021.
Una salida laboral, pero no el final de la discusión portuaria
El principio de acuerdo entre TCP y sus trabajadores permite encaminar una solución a un conflicto que se extendió durante más de cuatro meses y que tuvo efectos sobre la actividad portuaria y el comercio exterior.
La salida supone mejoras concretas para los trabajadores y brinda mayor previsibilidad a una operativa que necesita funcionar sin interrupciones.
Pero el cierre del conflicto laboral no debería confundirse con el cierre de la discusión portuaria.
Uruguay todavía tiene por delante el desafío de asegurar que las inversiones comprometidas se ejecuten, que la infraestructura acompañe el crecimiento de la actividad y que el régimen portuario permita ampliar la capacidad logística del país.
En ese escenario, el acuerdo entre TCP y el sindicato puede ser el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que, además de discutir jornales y condiciones laborales, deberán ponerse sobre la mesa las inversiones pendientes, la capacidad futura del Puerto de Montevideo y el modelo de competencia que Uruguay necesita para seguir creciendo como plataforma regional.
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