El comunicado emitido por Peñarol tras los incidentes registrados en el Campeón del Siglo dejó un dato central para entender la controversia: el orden de salida del estadio estaba pautado con antelación.
Luego del empate 1-1 ante Corinthians, que dejó al carbonero sin chances de avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, se produjeron incidentes entre hinchas aurinegros y efectivos policiales durante la desconcentración. Hubo corridas, gases lacrimógenos, balas de goma, personas heridas y fuertes cuestionamientos al operativo.
Peñarol responsabilizó al accionar policial y denunció que la situación afectó a hinchas que todavía estaban dentro del estadio. Sin embargo, el contenido del comunicado también confirma que la salida de las parcialidades no fue una decisión improvisada en el momento, sino parte de una planificación previa.
El punto clave es que el operativo establecía que primero debía retirarse la hinchada de Corinthians y luego la parcialidad local. Según informó el Ministerio del Interior, esa decisión había sido comunicada en reuniones previas con autoridades aurinegras, bajo el argumento de que la evacuación de los visitantes podía realizarse de forma rápida.
Esa información modifica el eje de la discusión. Si el club estaba al tanto de que sus hinchas debían esperar dentro del estadio hasta que saliera la parcialidad visitante, la responsabilidad por el inicio de los incidentes no puede atribuirse únicamente al Ministerio del Interior.
De acuerdo con la versión oficial, los disturbios comenzaron cuando algunos hinchas de Peñarol intentaron salir antes de lo previsto, dañaron accesos y arrojaron objetos contra la Policía. Montevideo Portal informó que, según autoridades policiales, un hincha identificado comenzó a lanzar proyectiles, lo que derivó en el desborde posterior.
El Ministerio del Interior también sostuvo que el operativo fue evaluado tras una reunión con el comando policial y remarcó que Peñarol conocía el criterio de salida. La cartera entiende que la medida buscaba evitar cruces entre ambas parcialidades y reducir riesgos en las inmediaciones del estadio.
Desde el club, en cambio, se cuestionó la decisión de mantener dentro del escenario a decenas de miles de hinchas locales mientras se retiraba un grupo mucho menor de visitantes. El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, criticó públicamente el procedimiento y afirmó que Peñarol había pedido que primero saliera la parcialidad local.
La controversia, entonces, no parece estar en si existía o no una orden previa, sino en si esa orden fue correcta, proporcional y bien ejecutada. El comunicado de Peñarol puede funcionar como una crítica al operativo, pero también confirma que la institución conocía de antemano que habría una disposición especial para la salida del público.
Por eso, la discusión sobre responsabilidades debe contemplar dos planos distintos. Por un lado, el Ministerio del Interior deberá explicar el uso de gases, balas de goma y la conducción del operativo. Por otro, Peñarol deberá responder por la comunicación y el manejo institucional de una medida que, según Interior, ya había sido informada antes del partido.
Los incidentes dejaron una noche de alta tensión en el Campeón del Siglo y trasladaron la eliminación deportiva al terreno político e institucional. Lo que comenzó como una discusión sobre seguridad terminó abriendo una pregunta más amplia: hasta dónde llega la responsabilidad del Ministerio y hasta dónde la del club organizador cuando una medida estaba acordada previamente.
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