El presidente de la ANP, Pablo Genta, confirmó que el contrato firmado en 2021 entre el gobierno de Lacalle Pou y la multinacional belga Katoen Natie “es una realidad vigente” y no será revisado. La decisión consolida el monopolio privado en la terminal de contenedores hasta 2081, pese a que desde distintos ámbitos —incluida la oposición en la propia ANP durante el período anterior— se habían impulsado acciones para cuestionar y revertir sus efectos.
Mientras la administración actual centra el discurso en la necesidad de “retomar las obras” que llevan dos años de atraso, se deja de lado el debate de fondo: la cesión prolongada de la principal infraestructura portuaria del país a un único operador, en condiciones que han sido calificadas como desventajosas para el Uruguay.
Con esta postura, el gobierno se aparta de las advertencias que marcaron legisladores, sindicatos y referentes del sector logístico sobre los riesgos de atar la competitividad nacional a los tiempos y decisiones de una sola compañía. Las rebajas tarifarias prometidas no se han materializado con la contundencia esperada, y los compromisos de inversión avanzan entre conflictos de contratistas y retrasos en el dragado.
El anuncio de Genta, lejos de abrir un espacio de discusión, cierra la puerta a la revisión de un acuerdo que, como han señalado voces críticas, limita la soberanía de la ANP y deja en entredicho la capacidad del país de definir una política portuaria realmente estratégica.
URUGUAY REPORTER 
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