Una nota publicada por El País confirmó lo que desde hace tiempo denunciaban operadores y trabajadores del sistema portuario: el Puerto de Montevideo ha entrado en una etapa de retroceso operativo alarmante. Entre marzo de 2023 y marzo de 2024, la terminal perdió más de 133.000 contenedores, lo que equivale a una disminución del 26% de su movimiento total. Según el artículo, el principal factor detrás de esta merma es el acuerdo que el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó en 2021 con la multinacional belga Katoen Natie, a través del cual se prorrogó —sin licitación ni competencia— la concesión de Terminal Cuenca del Plata hasta 2081.
Este acuerdo, impulsado y defendido por el entonces presidente de la ANP, Juan Curbelo, no solo comprometió el futuro del puerto, sino que lo subordinó a un modelo operativo monopólico que expulsó competencia, encareció los costos y afectó la conectividad regional. Como consecuencia directa, navieras como MSC y Hapag-Lloyd redujeron o suspendieron operaciones en Montevideo, redireccionando sus rutas hacia puertos argentinos y brasileños.
Lejos de generar beneficios para el país, el acuerdo representó una cesión de soberanía portuaria sin precedentes, que en apenas dos años erosionó el rol histórico de Montevideo como hub de transbordo en el Cono Sur. A esta situación se suma un dato aún más grave: Katoen Natie ha incumplido las inversiones comprometidas desde 2023. Según se anunció públicamente en su momento, para esa fecha ya deberían estar en funcionamiento 350 metros nuevos de muelle y siete hectáreas adicionales de playa de contenedores. Ninguna de esas obras ha sido habilitada.
A pesar de las promesas de modernización y crecimiento, la única evidencia concreta del acuerdo ha sido la caída del volumen operativo y el fortalecimiento de una empresa privada que, con aval del gobierno, consolidó un poder inédito en el puerto. El perjuicio económico y estratégico es doble: se perdió carga y se degradó la credibilidad institucional de la ANP como autoridad rectora del sistema portuario.
El informe señala que el colapso actual no puede atribuirse a la administración recientemente asumida, que apenas lleva tres meses en funciones. Se trata, en cambio, de una herencia directa de las políticas del gobierno anterior, que desoyó advertencias técnicas, desestimó la oposición política y validó un modelo que priorizó intereses empresariales por sobre el desarrollo nacional.
En suma, el Puerto de Montevideo enfrenta hoy una caída sin precedentes que es consecuencia directa del acuerdo con Katoen Natie, de su implementación opaca y de la inacción frente a sus flagrantes incumplimientos. La reversión de esta situación requerirá no solo voluntad política, sino también una estrategia firme para recuperar soberanía, diversificar operadores y reestablecer la competitividad perdida.





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